El Perú ha pasado a ser el país con mayor inseguridad alimentaria en Sudamérica. Antes de que comenzara la guerra en Ucrania, 16,6 millones de peruanos y peruanas –más de la mitad de la población– vivían en un grado de inseguridad alimentaria moderado o severo1. Los impactos de este conflicto han agravado la situación: por una parte, amenazan la disponibilidad mundial de combustibles, fertilizantes, granos y aceites; por otra, conllevan a un alza de los precios de los productos agrícolas, así como a una situación de crisis alimentaria a nivel global, a la cual el Perú no es ajeno.

El Sistema de las Naciones Unidas ha conformado un grupo interagencial que apoya la respuesta del país frente a la crisis alimentaria. Mediante esta plataforma, se articulan las diferentes acciones que ejecutan las entidades de Naciones Unidas y se diseñan nuevas acciones. Ambos tipos de acciones responden a las necesidades planteadas por las contrapartes gubernamentales desde los sectores y espacios de articulación multisectoriales. Entre las acciones más relevantes que se han coordinado está el apoyo a las ollas comunes y los comedores populares, el fortalecimiento de la agricultura familiar y la asistencia técnica para disminuir la desnutrición.

En el Perú residen un millón y medio de personas venezolanas, que representan casi un 5 % de la población total del país. El Perú es el país del mundo con mayor número de personas solicitantes de refugio –superan el medio millón– y el segundo de acogida de personas venezolanas. En este contexto, es preocupante el incremento de la discriminación y estereotipación de la comunidad refugiada y migrante, que amenaza sus derechos. Solo en 2022, desde el Congreso se han presentado 17 iniciativas de ley para restringir el acceso a derechos de esta población. Por otro lado, en medios de comunicación y redes sociales persisten los discursos xenófobos.

Naciones Unidas responde a las necesidades de los refugiados y migrantes venezolanos mediante el Grupo de Trabajo de Refugiados y Migrantes (GTRM). El GTRM es la plataforma nacional en el Perú de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V). Incluye a 100 organizaciones que trabajan complementando las acciones del Estado peruano para apoyar a esta población. De manera especial, Naciones Unidas buscó desarrollar la atención humanitaria e impulsar una estrategia para la integración socioeconómica de las personas refugiadas y migrantes venezolanas. Esto benefició a las comunidades venezolanas y de acogida en el Perú.

Tras el duro impacto de la pandemia, los derechos sexuales y reproductivos de mujeres, adolescentes y niñas, así como su derecho a una vida libre de violencia, se han visto afectados por iniciativas legislativas. Por ejemplo, en junio de 2022, se aprobó una ley que pone en riesgo la implementación de la Educación Sexual Integral, una estrategia esencial para prevenir embarazos adolescentes y violencia basada en género. También existe un proyecto de ley que propone el cambio de nombre y de funciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) a Ministerio de la Familia, lo cual implicaría un retroceso importante en los avances realizados tanto en la lucha por la igualdad de género como en la implementación de políticas públicas desde un enfoque de género.

Naciones Unidas –en colaboración con organizaciones de la sociedad civil– ha llevado a cabo acciones de incidencia orientadas a prevenir los retrocesos normativos que afectan el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, así como del derecho a una vida libre de violencia. Por ejemplo, se han preparado amicus curiae y documentos de opinión técnico-legal que buscan proteger el ejercicio de derechos adquiridos en línea con las recomendaciones de los órganos de tratados de derechos humanos. Por otro lado, se ha contribuido a generar iniciativas legislativas que prohíban los matrimonios infantiles y las uniones tempranas, y que fortalezcan –en la sociedad civil– espacios donde se promueva tanto el cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos como la erradicación de la violencia basada en género. Frente a proyectos legislativos que vulneran y ponen en riesgo algunos derechos de la niñez y de las mujeres, se han publicado opiniones técnicas y se han promovido reuniones con autoridades de alto nivel. Finalmente, se pusieron en marcha varias estrategias para enfrentar la violencia basada en género a través del trabajo con jueces de paz y el impulso de plataformas público privadas de prevención, atención y denuncia e incidencia comunitaria.

Entre 2021 y 2022, se acentuó la tendencia de inestabilidad política y conflictividad social presente durante los cinco años anteriores. Más aún, a partir de diciembre de 2022 se produjo un estallido social cuyo detonante fue el fallido autogolpe de Estado del expresidente Pedro Castillo. Esta situación, que ha generado serios impactos socioeconómicos y en el cumplimiento de los derechos humanos, ha repercutido negativamente en el avance de los ODS.

Durante 2022, debido a múltiples escándalos se incrementó la velocidad en el cambio de autoridades, el deterioro de las instituciones y el descrédito de la clase política. La gestión pública y las políticas públicas se han visto perjudicadas por estas tendencias. A la par, el número de conflictos sociales en todo el país no ha dejado de aumentar: según la Defensoría del Pueblo, de 202 conflictos a finales de 2021 se pasó a 221 en noviembre de 2022.

Naciones Unidas ha impulsado diversos mecanismos que le permitirán apoyar de manera más eficaz la prevención de conflictos sociales y –pese al contexto políticamente turbulento– garantizar el logro de los resultados acordados con el país en el Marco de Cooperación. Entre estos mecanismos destaca el fortalecimiento de las capacidades internas de análisis político y prevención de conflictos, así como la aprobación de un plan contra los discursos de odio.

En lo que se refiere a la adopción de medidas para promover la igualdad de oportunidades y reducir la discriminación y las desigualdades sociales, el progreso del Perú durante el último año se encuentra en riesgo por la crisis política, que viene socavando la capacidad del Estado para promover y proteger los derechos humanos. Resaltan la vulneración de los derechos de las personas defensoras de derechos humanos, integrantes de pueblos indígenas, y refugiadas y migrantes, así como la violencia basada en género. Resulta alarmante también la tendencia hacia la expansión de actores ilegales (en actividades como tala y minería ilegal e informal), en un contexto dominado por los efectos de la pandemia y la insuficiente presencia del Estado. Asimismo, preocupan tanto varios proyectos de ley y normas aprobados por el Congreso y algunos gobiernos subnacionales como ciertas decisiones del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial que podrían contravenir las obligaciones y los estándares internacionales de derechos humanos.

Mediante el despliegue de una misión técnica de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) –ubicada dentro de la Oficina de la Coordinación Residente–, el Sistema de las Naciones Unidas ha fortalecido sus capacidades para apoyar a los actores nacionales en materia de derechos humanos. Así, la OACNUDH ha contribuido a fortalecer las capacidades de monitoreo, análisis e información, así como de apoyo a las personas defensoras de los derechos humanos y actores de la sociedad civil, y ha hecho un trabajo de incidencia con autoridades claves en esta materia.